- El país enfrenta los desafíos que implica alcanzar las metas de mitigación propuestas de cara a la COP 21 que se realizará en diciembre en París.
Santiago, 29 de septiembre de 2015. En un momento clave para el futuro de las negociaciones internacionales para enfrentar el cambio climático a nivel global, la presidenta Michelle Bachelet anunció, en un plenario ante la ONU, la Contribución Nacional Tentativa (INDC) de nuestro país ante la comunidad internacional, elaborado a partir de la información científica provista por el proyecto MAPS Chile.
El documento, aprobado días atrás por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, establece el compromiso del país de reducir al 2030 sus emisiones de CO2 por unidad de PIB entre un 30-35% con respecto al nivel de intensidad de emisiones del 2007. Adicionalmente, y condicionado a la obtención de financiamiento internacional, el país podría aumentar su mitigación al año 2030 a un 35 a 45% de emisiones de CO2 por unidad de PIB con respecto al nivel alcanzado en el año 2007.
Este compromiso considera las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de todos los sectores productivos del país, (energía, transporte, industria y minería, agricultura y residuos antrópicos), excepto las emisiones y capturas del sector forestal, respecto del cual el país compromete reforestar 100.000 hectáreas de suelo degradado al 2035.
De esta manera, Chile se hace parte del compromiso global alcanzado en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático de formalizar los esfuerzos de mitigación de los países en condiciones de hacerlo para alcanzar en conjunto la meta global de no incrementar en más de 2º C la temperatura mundial.
Al 24 de septiembre, 71 países habían presentado sus contribuciones, los cuales representan el 68% de las emisiones globales (excluyendo cambio de uso de suelo) y 49% de la población mundial.
Esfuerzo participativo
La contribución que Chile compromete ante la comunidad internacional ha sido el resultado de un importante esfuerzo de investigación y participación a partir del cual se han generado antecedentes que hoy permiten fundar con evidencia y conocimientos locales los compromisos del país.
En este proceso, MAPS Chile ha contribuido con la elaboración de la línea base de emisiones, la identificación y evaluación de medidas de mitigación en siete sectores productivos del país, la construcción de escenarios que permitieron evaluar el potencial de mitigación de Chile y el análisis de los impactos sobre el PIB y empleo asociados a la implementación de los diferentes escenarios de mitigación.
“MAPS Chile ha sido una experiencia notable sobre cómo apoyar la generación de una política pública en un tema tan complejo y urgente como el cambio climático. Ha cumplido con un mandato entregado por siete ministerios para generar evidencia relevante y lo ha hecho con la participación constructiva de cerca de 300 personas -de diversos sectores- con experiencia y trayectoria en el tema”, sostiene Hernán Blanco, líder de Proceso MAPS Chile.
Los resultados presentados por MAPS Chile son fruto del trabajo de más de 50 expertos de las principales universidades, centros de investigación e institutos dedicados a temas asociados al cambio climático y su mitigación que apoyaron como consultores e investigadores en el proceso. “Gran parte de la comunidad de práctica en estos temas ha sido convocada a participar en la generación de antecedentes para informar la política pública de cambio climático del país”, añade.
Proyecto MAPS Chile
Desde sus inicios en 2012, el proyecto MAPS Chile busca contribuir a la identificación de opciones eficientes, efectivas y factibles para reducir las emisiones y avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono. Provee información y herramientas para informar la posición del país en las actuales negociaciones internacionales sobre cambio climático en Naciones Unidas.
Parte de un esfuerzo de cooperación Sur-Sur, con el apoyo de profesionales de Sudáfrica, el proyecto es dirigido por un Comité Directivo Interministerial en el que participan representantes de los Ministerios de: Relaciones Exteriores, Hacienda, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía, Minería, y Medio Ambiente; este último actúa como Secretaría Ejecutiva del proyecto.
